Presencialidad en La Matanza: la oposición presentó un amparo

El Bloque de Consejeros Escolares de Juntos por el Cambio La Matanza presentó ante el Fuero Ordinario de la Justicia de la provincia de Buenos Aires, Departamento Judicial de La Matanza, una medida cautelar en busca de suspender la aplicación del art. 10 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 241/21.

En ese DNU, entre otras restricciones, el Ejecutivo Nacional suspende el dictado de clases presenciales hasta el 30 de abril en todo el territorio del Área Metropolitana de Buenos Aires. La acción de amparo presentada pide que no se aplique la medida en los establecimientos educativos tanto de gestión pública municipal y provincial como en los de gestión privada en La Matanza. Además, solicita se declare la inconstitucionalidad y la nulidad del artículo citado.

En este sentido el titular de Juntos por el Cambio local, Alejandro Finocchiaro dijo, “Son las jurisdicciones las que tienen competencias para disponer el dictado de clases. Con este decreto, el Presidente incurre en un doble error: interviene de facto las jurisdicciones alcanzadas, y establece un estado de sitio de hecho. Por otro lado, más allá de estas gravísimas violaciones a la institucionalidad, el Gobierno Nacional vuelve a sacrificar a los chicos, como hizo durante todo el año pasado.
Está probado que la escuela es el lugar más seguro para ellos. Con esta medida, veremos la ridícula escena de verlos en la calle, jugando a la pelota, sin tapabocas, abrazándose y tomando de la misma botella, pero sin poder ir a la escuela.
Un día perdido en la escuela es una porción de provenir robada a los alumnos. Imaginen todo el trabajo que tenemos por delante para intentar sanar todos los daños que les provocó la tragedia educativa del 2020.
Además, el Gobernador Kicillof ya tenía muchas tareas pendientes en cuanto a su obligación de asegurar el derecho a la educación. Debe establecer con precisión los protocolos y proveer los elementos de cuidado; debe establecer un proceso ágil de designaciones para asegurar que cada curso tenga un docente al frente; deben dar los lineamientos pedagógicos para que los maestros sepan cómo afrontar un desafío tan especial; y, sobre todo, debe establecer un plan para llevar de nuevo a las aulas a los chicos desvinculados totalmente.
Todas cuestiones que, nos consta como a toda la comunidad educativa, no han sido atendidas pese a que han tenido todo un año para diseñar políticas públicas para resolverlo. Ante ese panorama, no podemos aceptar que vuelvan a improvisar con la escuela. Los chicos no pueden volver a ser los perdedores ante autoridades que no saben o no quieren cortar con las actividades no protocolizadas, verdadero problema de este momento”.

Los consejeros que firmaron el amparo son Mariano Álvarez, Ricardo Yñiguez y Yanina Loisi, quienes fueron asistidos por los abogados Juan Ignacio Mier y Rodrigo Barrios.