El Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Nº 1, a cargo del juez Federico José Gallo Quintian, ordenó a las empresas prestatarias cumplir, en todo el territorio de La Matanza, una medida cautelar que impide efectuar cortes de servicio por falta de pago hasta tanto se resuelva fijar tarifas accesibles, considerada la cuestión de fondo.
De acuerdo con investigaciones del Conicet y de la UBA, esas tarifas aumentaron este año, en promedio, un 370%, es decir, cuatro veces más que la inflación.
El amparo para proteger a las familias, parroquias, templos evangélicos, comercios, clubes de barrio, empresas, jubilados, trabajadores y profesionales de La Matanza, presentado por el intendente Fernando Espinoza junto con entidades de defensa del consumidor y fuerzas vivas del distrito, obtenido el respaldo de la Justicia, que lo transformó en una medida cautelar.
Ahora, con esta decisión de la Justicia, las empresas prestatarias no podrán cortar el suministro ante la imposibilidad de pago por los elevados montos que están llegando con las facturas.