Imputaron por falso testimonio a la vicedirectora en la causa de la maestra torturada en Moreno

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María Fuentes dijo que habían recibido amenazas telefónicas. Pero la Fiscalía habla de “absolutas inconsistencias”.

La vicedirectora del Centro de Educación Complementaria N° 801, donde trabaja la maestra a la que le escribieron en el abdomen con un punzón “Ollas no”, fue imputada este martes por falso testimonio.

Se trata de María Fuentes, una de las primeras colegas que habló frente a las cámaras de televisión cuando se conoció la denuncia de la maestra. Corina De Bonis aseguró haber sido golpeada, subida a un auto a la fuerza y torturada a la salida de esa institución de Moreno. Y la vicedirectora habló de amenazas previas.

“Fuentes declaró haber recibido una amenaza telefónica en la escuela. Se relevaron todas las llamadas, origen y destino, tiempo de duración y declaraciones testimoniales y se encontraron absolutas inconsistencias”, dijeron a Clarín fuentes de la causa.

La mujer recibirá la notificación judicial antes del mediodía. Si la Justicia falla en su contra, la pena por falso testimonio es de 1 a 4 años. “Puede llegar a 6 años si concursa con estafa procesal.”

Eso sería así si Fuentes, a través del presunto falso testimonio, orientó la investigación en la causa hacia un objetivo diferente (lesiones y privación ilegítima de la libertad) del real (que aún se desconoce).

Entre sus declaraciones mediáticas, Fuentes había explicado el funcionamiento del centro. “La olla cobró vida porque se nos terminaron los alimentos y la comunidad fue acercando”, contó.

Además, la vicedirectora había dicho que desconoce quiénes estuvieron involucrados en el ataque, al que calificó como una “amenaza vil y cruel”.

El fiscal de instrucción de la UFI 5 de Moreno, Emiliano Buscalia, lleva adelante la investigación.

El miércoles 12 de septiembre, la docente Corina De Bonis denunció que había sido secuestrada y torturada con un elemento punzante. Sobre el abdomen le tallaron: “Ollas no”. Veinte días después, el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, confirmó a Clarín que la Justicia duda de su testimonio porque su declaración no coincide con las pruebas recabadas.