Así lo afirmó el Defensor de Pueblo Adjunto, Walter Martello, al participar en la audiencia pública que fue convocada para tratar el aumento de las tarifas propuesto por Camuzzi, Metrogas y el resto de las distribuidoras. Martello alertó sobre el impacto del Impuesto al Cheque que las compañías transfieren a los usuarios: alrededor de $150 millones por año.
A su vez, el defensor del Pueblo Adjunto sostuvo que el marco normativo instituido en los años 90 también posibilita el traslado de Ingresos Brutos y ello genera, a partir de las diferencias existentes entre jurisdicciones, serias inconsistencias. “Por ejemplo, si tomáramos dos hogares de igual consumo, uno ubicado en el Conurbano y otro en Puerto Madero, el primero paga un cargo variable mayor respecto al usuario que vive que en la zona más exclusiva de la Ciudad de Buenos Aires”, explicó.
El Defensor del Pueblo Adjunto también advirtió que, mientras se multiplican las utilidades de las empresas distribuidoras, cae el número de usuarios en la Provincia y se incrementa la cantidad de hogares que no acceden a la red.
“Los incrementos que se vienen aplicando desde hace tres años violan los requisitos de previsibilidad, gradualidad y razonabilidad que en su momento estableció la Corte Suprema de Justicia. A punto tal que si ahora se aprueba el aumento que propone Camuzzi, los precios en algunas categorías de usuarios acumularán una suba de más de 2300% en los últimos tres años. El último balance de Camuzzi Gas Pampeana muestra que, pese a la devaluación, sus ganancias aumentaron más del 88% el año pasado”, explicó el Defensor del Pueblo Adjunto bonaerense.
Otro aspecto controvertido del pedido de revisión tarifaria radica en que, en el caso de la empresa Metrogas, no se tuvieron en cuenta los 3 indicadores económicos -ponderados en un tercio cada uno- establecidos por el organismo de control (ENARGAS). Este sistema fue utilizado el año pasado, provocando una variación tarifaria menor a la que había propuesto la compañía. Por tal motivo, la empresa presentó un recurso de reconsideración que, llamativamente, aún está pendiente de resolución por parte del organismo de control. “Producto de ello, ahora Metrogas vuelven a utilizar los indicadores que más le conviene a sus intereses. Propone subas de entre 32 y 35 por ciento en los cargos fijos y variables, cuando la inflación proyectada por el gobierno del Presupuesto 2019 es del 23%”, dijo el defensor del Pueblo Adjunto.
Otro dato que genera preocupación es la caída en la entrega de gas a clientes residenciales, que en el caso de Metrogas se encuentra en el nivel más bajo desde 1998. Eso no es todo: los últimos meses del año pasado, según datos del ENARGAS, esta compañía que distribuye gas en Capital Federal y el Gran Buenos Aires perdió más de 87 mil clientes. “Si bien la situación puede deberse a varios factores, uno de los motivos principales de esa reducción sería la imposibilidad de hacer frente a los aumentos de tarifas”, sostuvo Martello.
En ese contexto, salieron a la luz incongruencias manifiestas en lo que se refiere a la importación y exportación de gas. Concretamente, YPF viene realizando contratos de exportación a Chile que contemplan precios mucho más bajos respecto a lo que se le paga a Bolivia por la importación de gas no industrializado.
“YPF, que tiene la mayoría accionaria de Metrogas, le vende gas a Chile a 3.86 US$/MMBTU, mientras en la última adenda del contrato con Bolivia se estableció un precio de importación de 7,14 US$/MMBTU. Es una ecuación que no cierra por ningún lado y que requiere explicaciones por parte del gobierno”, concluyó Martello.