Lo confirmó Mario Meoni, el ministro de Transporte, al considerar que “como está planteado hoy es absolutamente inviable”
Mario Meoni, el ministro de Transporte, afirmó que se está “avanzando en la idea de la rescisión” del contrato del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, al considerar que “como está planteado hoy es absolutamente inviable”.
Además, explicó sobre el proyecto que es “necesario invertir más de 1.500 millones de dólares para poder hacerlo como estaba pensado originalmente”.
“Entendemos que en el marco de la crisis que tenemos hoy no podemos llevar adelante una obra de esas características, que además viene con muchas dificultades. Hoy está absolutamente paralizada”, amplió Meoni.
En ese marco, explicó que están “trabajando con el gobierno de la Ciudad en la revisión técnica de cuál es el proyecto viable hacia adelante a partir del punto de vista técnico”.
Meoni indicó que los equipos del ministerio de Transporte están “trabajando para ver de qué manera se puede hacer esa rescisión de contrato sin que impacte en un juicio millonario en contra del Estado”, y aclaró: “Queremos resguardar eso de sobremanera”.
“Muchas veces se han tomado en la Argentina decisiones políticas que son impactantes a la hora de un título pero que después las consecuencias económicas son muy graves. Nosotros no vamos a hacer eso, vamos a cuidar el recurso de todo el mundo”, manifestó el funcionario nacional. Además, afirmó que será “muy prudente” con este tema, por lo que respecto de esto, van a “tener un análisis efectivo de nuestra área jurídica al respecto, que ya está trabajando”. “Lo mismo que de un área económica que está llevando adelante la revisión de los certificados que hay que pagar de la obra ejecutada, y también de lo que puede ser razonable que reclamen las empresas a la hora de la rescisión del contrato. Si eso no es razonable, obviamente vamos a discutirla”, anticipó.
Por último, el ministro de Transporte aclaró que hay “tres etapas de discusión”, y detalló: “Una de ver cómo se resuelve y cómo se continúa la obra; la segunda de carácter jurídico, si es posible esa rescisión sin impacto negativo para el Estado; y la tercera es de índole económico, para ver si lo que se reclama y se demanda es justo o no”.