“Recortes en niñez vacían una legislación de avanzada”
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Asi lo advirtió el Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, al participar en el encuentro-debate “Integración de los derechos de la infancia y la ciudadanía”, que tuvo lugar en el Colegio de Abogados de La Plata en el marco del 30° aniversario de la Convención de los Derechos del Niños.
A 15 años de la sanción de las normativas que estructuraron el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Argentina, Martello alertó que “se evidencian serios incumplimientos”.
“Más de un tercio de los 125 artículos de la Ley Nacional N° 26.061 aún no fueron reglamentados, mientras la mayoría de los programas padecen recortes y/o desfinanciamiento. Algo similar ocurre en las jurisdicciones provinciales, entre ellas Buenos Aires. Algunas instituciones como el Defensor del Niño bonaerense -que debería haberse concursado hace más de una década- ni siquiera entraron en funcionamiento y tampoco tienen presupuesto asignado”, explicó el Defensor del Pueblo Adjunto.
En la conferencia, organizada por el Instituto de Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes del Colegio de Abogados, Martello expuso una serie de indicadores estadísticos y presupuestarios sobre el impacto de crisis en las condiciones de vida de niño, niñas y adolescente; y el desfinanciamiento de distintos programas destinados a ese sector sociales a nivel nacional y provincial.
El Defensor del Pueblo Adjunto consideró que, a partir de las últimas estadísticas oficiales que registraron un marcado aumento del desempleo, las próximas mediciones respecto a las condiciones de vida de este sector social mostrarán indicadores aún más graves.
“Las respuestas del Estado no sólo resultan insuficientes. Las políticas de ajuste están impactando de lleno en los programas que tienen, entre sus objetivos, desplegar acciones para garantizar el interés superior del niño/a. Un claro ejemplo es la pérdida de incidencia que ha tenido la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) -organismo especializado en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional- en la distribución de los recursos presupuestarios: mientras que en 2017 se le asignaba 0,15% del total del presupuesto nacional, en 2018 pasó al 0,13% y actualmente se encuentra en 0,08%, es decir, la mitad de la incidencia que tenía hace dos años”, explicó Martello.
En términos nominales, la pérdida de incidencia de la SENAF se traduce en aproximadamente unos $3000 millones menos respecto a lo que se viene asignado a la totalidad de los programas de esta secretaria. Esta cifra representa más del doble del presupuesto que tiene asignado el programa social que concentra todas las acciones para para la promoción y protección de los derechos de NNyA a nivel nacional.
En provincia de Buenos Aires, si bien la pérdida de incidencia no fue tan marcada en los últimos dos años, se viene registrando un proceso similar a cuenta gotas, de forma casi ininterrumpida, desde 2007. El Ministerio de Desarrollo Social bonaerense, que tiene a su cargo la aplicación de la Ley Provincial 13.298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, pasó de recibir poco más del 5% del total del presupuesto de la Provincia a casi la mitad: 2,51%. De haberse mantenido la asignación de 2006, el presupuesto de esa cartera debería ser de casi $47.000 millones: el doble de lo asignado actualmente. A su vez, entre 2008 a 2017 quedó un saldo de recursos de Desarrollo Social sin ejecutarse por más de $1.166 millones, cifra que equivale a 10 veces el presupuesto de los Juegos Deportivos bonaerenses o 6 veces el presupuesto del Programa Envión