Éxtasis: las drogas sintéticas en Argentina

Con solo un clic, se pueden comprar pastillas de éxtasis y otros estupefacientes sintéticos a través de la Dark Web. Indicadores oficiales muestran un fuerte incremento del consumo de estas sustancias, en la última década.

Asi lo detalla un informe realizado por el Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Buenos Aires, Walter Martello. Según establece el trabajo, lla prevalencia de consumo de éxtasis en la Argentina se incrementó en 230% (desde el año 2011 a 2017), entre la población de 15 a 64 años. Provocó especial impacto entre adolescentes, a punto tal que se registró una caída en la edad promedio de inicio de este consumo problemático: pasó de los 16 a los 14 años.

Informes de la Secretaria de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar) alertan que, entre los jóvenes, está extendida la creencia de que su uso no implica consecuencias para la salud.

No por casualidad, según la base de datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Argentina se encuentra entre los países del continente con mayor prevalencia de consumo de éxtasis luego de Estados Unidos, Canadá, Belice, Costa Rica y Uruguay. Cabe destacar que, a diferencias de la “droga de la felicidad”, las estadísticas oficiales muestran una importante suba en la cantidad de anfetaminas y LSD que fueron incautadas, drogas sintéticas cuyo consumo también viene en aumento.

El uso de éxtasis está circunscrito a poblaciones muy específicas, por lo que se hace difícil determinar su prevalencia en encuestas tradicionales. La situación es distinta en las encuestas de estudiantes de enseñanza secundaria, donde tradicionalmente se encuentra entre las drogas sintéticas de mayor consumo.

¿Cuál es la razón por la cuales las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales están secuestrando menor cantidad de comprimidos de éxtasis, cuando su consumo se ha duplicado en el mercado local?  En los últimos años, la complejidad de los circuitos de comercialización de se vio potenciada por las nuevas tecnologías y lo que se conoce como “la revolución de las comunicaciones móviles”, que ofrece nuevas oportunidades para los narcotraficantes y consumidores. Estos ya no necesitan establecer un contacto personal. Hay “mensajeros” que pueden cobrar el dinero y vendedores que pueden hacer saber al cliente dónde recoger sus drogas, enviándoles mensajes o pactando entregas por redes cifradas.  A su vez, las denominadas “Deep Web” (Internet Profunda) y Dark Web (Internet Oscura) también permiten comprar drogas con monedas virtuales o criptomonedas, como el bitcoin, y recibir la mercancía de manera encubierta.

Internet profunda representa el contenido que es inaccesible desde los motores de búsqueda convencionales como Google, Bing o Yahoo. Se estima que la parte que todos conocemos de internet representa solo el 4% de todo lo que existe, es decir, el 96% restante es información privada que no está indexada con los buscadores tradicionales. Las propias IP de las webs que se encuentran en la “Deep Web” (especialmente en la Dark Web) son totalmente cambiantes. Por eso, resulta muy difícil descubrir quién o quienes manejan o administran una web y poder hacer el seguimiento de la misma, por ejemplo, tras cometer un delito.

El anonimato y la volatilidad son las principales razones por las cuales la internet profunda es utilizada para fines delictivos. Ante esta situación, además de mejorar el equipamiento de las fuerzas de seguridad para hacer más eficiente el combate contra la oferta de estupefacientes, es indispensable redoblar los esfuerzos en lo que se refiere a la demanda. En un contexto donde se han registrado incrementos sustanciales en los niveles de consumo de drogas, paradójicamente se aplican fuertes recortes presupuestarios en la Sedronar, organismo del Estado nacional que tiene a su cargo la coordinación integral de las políticas nacionales en materia de prevención y tratamiento por consumo problemático de estupefacientes.

A su vez, venció la declaración de emergencia en adicciones, que había sido decretada en año 2016 y que se extendió hasta diciembre de 2018.

Fuente: Walter Martello, Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Buenos Aires